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  • 8 de septiembre de 2026
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Las pruebas PISA en Cataluña: el efecto backfire

Las pruebas PISA en Cataluña: el efecto backfire

Alana Jordan – Pixabay

 

Licencia Creative Commons

 

Josep Oton

 

En ocasiones, cuando alguien recibe una información que contradice su discurso, en vez de rectificar, se aferra aún más a sus convicciones. Se blinda para reafirmar sus ideas a pesar de las pruebas aportadas que las desmienten. La psicología social denomina este fenómeno “el efecto backfire”, también conocido como perseverancia en las creencias, conservadurismo conceptual o inercia ideológica.

Se trata de un mecanismo de defensa dado que, a menudo, las ideas están profundamente arraigadas en la personalidad del individuo y se convierten en un elemento identitario. Entonces, los datos aportados no son asumidos como informaciones relevantes, sino como una amenaza. Se percibe como un ataque personal el hecho de verse obligado a reconocer una equivocación. Se abandona el terreno del debate intelectual para entrar en el enfrentamiento visceral.

Este sesgo cognitivo suele estar asociado a creencias políticas o religiosas, a menudo instaladas en el inconsciente y alimentadas por emociones intensas vinculadas a la pertenencia a un colectivo determinado. Ahora bien, ámbitos como la ciencia, que deberían estar presididos por la objetividad, tampoco están exentos de estos mecanismos. Cambiar de idea ya no es una cuestión meramente intelectual; puede implicar aislamiento respeto al grupo de referencia, erosiona la coherencia interna al reclamar una reestructuración mental y pone en entredicho las decisiones que conforman la historia personal.

El efecto backfire muestra que, con frecuencia, el objetivo de muchos debates no es la adquisición de un conocimiento plausible, sino la protección de una identidad, individual o colectiva. Si esta peligra, la racionalidad cede el protagonismo al instinto de supervivencia.

Tal vez, ciertos discursos pedagógicos gestados en Cataluña estén impregnados de este prejuicio psicológico que genera una visión sesgada de los problemas del sistema escolar.

La política educativa catalana, impulsada desde la Administración, pero promovida por colectivos de teóricos de la educación, docentes y familias, en ocasiones ha recelado de la escuela pública de carácter funcionarial y ha preferido modelos de gestión más empresariales, como ha quedado patente con el Decreto de plantillas.

El énfasis en la innovación nace de un estilo de escuela, precisamente de iniciativa privada, que demostró su extraordinaria idoneidad durante las décadas de los sesenta y de los setenta al fomentar el catalán, la coeducación, la no confesionalidad y la pedagogía activa como contrapunto de una escuela monolingüe, que separaba niños y niñas, explícitamente religiosa y basada en el aprendizaje memorístico.

Este modelo se inspiraba, a su vez, en la nouvelle pédagogie, en el Instituto-escuela de la Institución Libre de Enseñanza, en las experiencias escolares catalanas del primer tercio del siglo XX, en la comprehensive school anglosajona y, no menos importante, en la tradición catalana de educación del tiempo libre.

Aun así, a pesar de sus excelentes contribuciones, este estilo de enseñanza quizás no se ha mostrado tan eficaz al implementarse en el conjunto del sistema educativo. El contexto familiar, migratorio, social, cultural, lingüístico, religioso y económico actual es muy diferente. Es más diverso y comporta un mayor grado de complejidad. Una receta adecuada en determinados entornos puede ser contraproducente en otros.

Así se ha apostado por metodologías globalizadoras en detrimento de las especialidades docentes. Se ha impulsado la digitalización de los contenidos en perjuicio del libro de texto. Se ha promovido el aprendizaje por descubrimiento relegando la instrucción directa (clase magistral). Los planes individualizados han dejado de ser un recurso excepcional para convertirse en una medida habitual, mientras se descartan las agrupaciones homogéneas según las necesidades y capacidades de los alumnos.[1]

El resultado ha sido la caída libre del nivel académico, un hecho constatable en el día a día de las escuelas. Además, el uso del catalán, la igualdad de género, el pensamiento crítico y la atención a los más vulnerables tampoco pasan por su mejor momento entre los jóvenes catalanes. Los profesionales de la docencia están hartos. Se les pide lo imposible y ya no pueden más.

Las evaluaciones externas reflejan esta situación preocupante. Sin embargo, se han convertido en un invitado incómodo que conviene eludir. Así las pruebas de competencias básicas que antes eran censales, ahora son muestrales. Ya no las realizan todos los alumnos, tan solo una parte, una muestra estadística. Antes las familias podían saber cuál era el nivel de su hijo o hija, o el de su centro, para poder aplicar medidas correctoras. Ahora es un sondeo, y todos sabemos cómo se cocinan los sondeos. Además, este año las competencias lingüísticas se han evaluado con pruebas tipo test, sin tener que escribir ni una letra.

En cuanto a PISA, los últimos resultados han sido catastróficos. El Departamento de Educación ha encargado a la OCDE un estudio de posibles mejoras. Una decisión bastante controvertida. Seria cómo si una familia contratara para dar clases particulares al profesor que después tendrá que evaluar al estudiante.

A pesar de esta estrategia tan sospechosa, la realidad ha superado los peores recelos. En las pruebas PISA del 2026 se ha excluido deliberadamente una cuarta parte del alumnado. Si estos chicos y chicas hubieran tenido que resolver los ejercicios, la bajada de los resultados todavía habría sido más sonada.

Se puede atribuir a un error técnico, pero un proceso tan costoso no se puede permitir el lujo de este tipo de equivocaciones. ¿Alguien se imagina que esto mismo hubiera pasado en unas elecciones? Entonces hablaríamos explícitamente de pucherazo.

Seguramente, el desatino en la aplicación de las pruebas PISA sirva para tapar el desplome del nivel académico del alumnado catalán. Un ejemplo grotesco del efecto backfire. Cuando las evidencias contradicen la teoría, se opta por distorsionar los datos y así preservar una narrativa oficial sostenida durante décadas.

Atrincherarse en unos postulados obsoletos, descalificar sistemáticamente a quien se atreva a decir que el rey va desnudo o malgastar recursos públicos con metodologías ineficaces no resolverá en modo alguno el problema, todo lo contrario, lo empeorará. Les ha salido el tiro por la culata.

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[1] Art. 18.1 del Decreto 299/1997, todavía vigente.


Fuente: educational EVIDENCE

Derechos: Creative Commons

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Milagros

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