Entre pitos y flautas, de mal en peor

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Joan Nonell

El Departamento de Educación vuelve a sorprender al mundo educativo con una medida que, supongo, habrá sido avalada y consensuada por el grupo de insignes pedagogos que lo asesoran, por el Consejo Escolar de Cataluña y por las direcciones de centros educativos y asociaciones de familias de alumnos. A quien seguro que no han consultado, a tenor del posicionamiento radicalmente en contra de los claustros en la mayoría de los institutos afectados, es al profesorado y a los sindicatos que los representan. Tampoco esto es una novedad si repasamos el histórico de actuaciones emprendidas por la Conselleria, empezando por el último y famoso acord de país firmado por el ejecutivo y las organizaciones de trabajadores subsidiarias -siempre dispuestas a facilitar favores en condiciones preferentes a quien los subvenciona-, a espaldas del colectivo docente y sus representantes mayoritarios.

Esta última medida consiste en introducir a mossos d’esquadra de paisano en los institutos que presentan mayores problemas de convivencia. Se trata, nos dicen, de un plan piloto, pero lo cierto es que, dando a conocer sólo algunos de los centros elegidos, los han promovido de forma inmediata a la estigmatización. Uno de estos centros, el instituto Eugeni d’Ors de Hospitalet de Llobregat, me resulta especialmente familiar, ya que formé parte de su claustro entre los años 2006 y 2010, habiendo sido jefe de estudios durante los tres últimos cursos que estuve allí destinado. No negaré que buena parte de mi labor, durante aquellos cursos, consistió en afrontar la conflictividad latente -como reflejo de las problemáticas sociales del barrio- y la declarada -como consecuencia del abandono de las instituciones y de las autoridades educativas, que nunca nos facilitaron la tarea de pacificar el centro. Aunque ignoro cuál es la situación actual del Eugeni d’Ors, y toda comparación resulte odiosa, no creo que el nivel de conflictividad actual sea superior al que vivimos durante aquellos años.

En aquella ocasión, necesitamos la complicidad de todo el claustro, de una comisión de convivencia que se reunía dos veces por semana, y de la determinación de utilizar todas las herramientas que nos ofrecía la normativa de régimen interno y la voluntad de buscar soluciones no sólo coercitivas, sino sobre todo educativas, para transformar la permisividad y la indisciplina, el miedo y la hostilidad, en un espacio seguro para todos los alumnos. Con una media de expedientes disciplinarios por encima de los 50 por curso, con algunas inhabilitaciones incluidas, pero también con la derivación de los alumnos más inadaptados hacia la UEC existente en el municipio, así como con la creación de un aula taller interna de diversificación curricular, cuando se nos denegó la opción de disponer de otros recursos externos para atender las necesidades educativas de nuestro alumnado, procuramos dar respuesta, caso a caso, acordando siempre las actuaciones a emprender con las familias y sin necesidad de recurrir al autoritarismo policial. Su presencia no nos era extraña, pero se limitaba a la vigilancia de los espacios externos del centro y a la petición de información en la investigación de algunos delitos cometidos en el barrio, en un contexto de enfrentamiento entre bandas latinas por la hegemonía del territorio y la captación de adeptos.

No nos libramos de tensiones y malestar, recibimos amenazas y pintadas en las paredes externas del instituto, pero logramos aislar el centro de la presión y la inseguridad latente con la que se nos quiso amedrentar. Tampoco despertamos demasiadas simpatías entre las autoridades educativas municipales, alarmadas por el elevado número de expedientes y medidas disciplinarias aplicadas, que promovían un despliegue creciente de estrategias de resolución de conflictos a través de la mediación, talleres de prevención y actividades de integración de los adolescentes. Nunca nos negamos a participar en aquellos programas, pero no cedimos ante las insistentes demandas de reducir el volumen de medidas disciplinarias cuando se incumplían las normas de convivencia. La petición de elaboración de un Proyecto de Convivencia fue la última manifestación del marcaje institucional a que me vi sometido, antes de abandonar el cargo por discrepancias internas sobre el modelo de promoción y mejora de los resultados académicos. Han pasado más de quince años y parece que, por lo que refiere al Eugeni d’Ors, volvemos a estar de nuevo en las mismas.

Visto en perspectiva, que ahora se ceda la gestión de la convivencia y el control disciplinario del centro a la policía es una evidente prueba del fracaso de toda la institución educativa, empezando por los políticos y terminando por las familias. Limitar el margen de actuación de los docentes, los más capacitados para detectar malestares y conflictos en el aula, a la hora de tomar decisiones, no sólo va contra toda lógica, sino que además les convierte en parte del problema en tanto que se debilita y cuestiona su autoridad, exponiéndolos a ser también víctimas de la violencia escolar. Es como pedir a los jueces que renuncien al uso de las leyes para fundamentar y emitir sus sentencias. El resultado no puede ser otro que la promoción de la arbitrariedad y la incertidumbre, entornos nada favorables, ya no para la transmisión de conocimientos, sino para la más ínfima interacción educativa.

Aunque no soy capaz de vislumbrar detrás de la medida otra cosa que precipitación e impulsividad, no deja de parecer un paso más en la dirección astutamente planificada de demolición sistemática de la institución escolar pública. Cuando la comunidad cede la competencia disciplinaria a un ente que antepone la seguridad a la formación, aquella distancia que separaba el espacio educativo de la calle, que nosotros, en el Eugeni d’Ors hace 15 años, quisimos preservar a toda costa para ofrecer confianza y serenidad, favoreciendo los objetivos madurativos y el crecimiento personal de cada alumno en un contexto social nada favorable y saturado de violencias estructurales, simplemente desaparece.

Cuando la policía entra en un instituto, entra también con ella toda la problemática que la sociedad arrastra y que no garantiza el necesario aislamiento que se requiere para el éxito escolar de nuestros alumnos. Estamos pues ante otra chapuza, una huida hacia adelante de los responsables de las políticas educativas para poner freno a la creciente conflictividad experimentada en las aulas en los últimos tiempos, después de haber promovido, durante años, el abandono de la gestión rigurosa de la convivencia en los centros, bajo principios ideológicos que sostenían que, como el crecimiento de las coles, la paz y el buen ambiente  en la escuela dependen exclusivamente de condicionamientos naturales y que la gestión de los conflictos se resuelve por sí sola entre iguales, sin intervencionismo ni normativas sancionadoras. De mal en peor, entre la visión de la escuela como el reflejo de la dureza del barrio, o la de una Arcadia idílica y feliz, hace ya demasiado que se ha dejado de preservar el principio que ha guiado desde siempre la educación, que no es otro que enseñar a nuestros niños y adolescentes a convivir. Y ésta -y no otras- sí que es una atribución plenamente docente.

Fuente: educational EVIDENCE

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