¿Muere el catalán en las escuelas?

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David Rabadà

El sistema educativo catalán, como el español, muestra una incapacidad alarmante para mejorar el rendimiento de los alumnos con dificultades durante la ESO. Recientemente, el director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, publicó que las carencias en lectura y matemáticas detectadas a los 10 años se mantienen hasta los 15, tal como confirman los resultados de PISA. Este estancamiento es un obstáculo para la formación posterior de los alumnos a pesar de que hoy en día se otorgan más títulos de ESO sin una mejora real del dominio lingüístico por culpa de una clara rebaja de la exigencia en el dominio de las lenguas. A este problema se añade el uso de los idiomas nacionales y autonómicos como arma política.

Hace años que el sistema educativo catalán se encuentra atrapado en un conflicto entre el poder judicial y la Generalitat en cuanto al estatus legal de la lengua a las aulas. Este callejón sin salida, que a menudo parece requerir un manual de instrucciones para ser descifrado, ha generado una producción constante de sentencias, decretos y recursos que, en la práctica, no han servido para frenar el retroceso del uso social del catalán.

A pesar de que la percepción general sitúa el inicio del conflicto en la famosa sentencia del 25%, la disputa se remonta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto del año 2010. En aquel momento, el TC consideró legítimo que el catalán fuera el «centro de gravedad» del modelo educativo para garantizar la normalización lingüística, siempre que no se excluyera el castellano. Aun así, los datos de uso social han seguido una tendencia preocupante: si en 2003 el 50% de los catalanes usaba el catalán de manera preferente, dos décadas después esta cifra ha caído hasta el 32%, mientras que el castellano ha subido hasta el 48%. A esto se añadía que varios padres empezaron a reclamar judicialmente más horas de castellano argumentando que el modelo vigente discriminaba esta lengua. Esto culminó en las sentencias del 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del Tribunal Supremo, que impusieron una mayor presencia del castellano en el currículum, aunque sin concretar los porcentajes. Durante la época de Artur Mas, la Generalitat inició un «juego del gato y el ratón» para intentar proteger el catalán sin incurrir en un incumplimiento legal abierto, llegando a sugerir que las horas de castellano se podrían imputar a trabajos hechos durante las vacaciones.

El enfrentamiento se agravó el 16 de diciembre del 2020, cuando el TSJC dictó la sentencia que obligaba a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano a todo el sistema educativo. Como respuesta, la Generalitat cambió de estrategia y aprobó el Decreto ley 6/2022 y la Ley 8/2022. Este nuevo marco legal, aprovechando los cambios en la ley estatal (LOMLOE), eliminaba los porcentajes fijos y obligaba cada centro a diseñar su propio plan lingüístico según su realidad sociolingüística. El Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de estas normas en septiembre de 2024, a pesar de mantener la ambigüedad de pedir una «presencia decente» del castellano, pero este periplo legal no ha finalizado. De hecho, y actualmente, la justicia actúa centro por centro si hay demandas individuales de familias. En estos casos, el TSJC suele mantener el criterio de pedir una asignatura troncal, como matemáticas o ciencias, en castellano. Además, en una sentencia del 8 de septiembre de 2025, el TSJC anuló el reglamento que desplegaba la ley catalana del 2022 por considerar que todavía marginaba el castellano. El pasado 30 de marzo, el tribunal instó a la ejecución provisional de esta anulación, una medida que, si bien no cambia la situación general de todos los centros de forma inmediata, facilita nuevas impugnaciones individuales de los proyectos lingüísticos.

Aun así, mientras las instituciones se intercambian papeleo, la realidad en las aulas es muy diferente. Cómo señalaba la filóloga Carme Junyent, se produce la paradoja que el catalán tenía más vitalidad durante el franquismo, a pesar de la persecución legal, que no ahora con instituciones propias. El conflicto se ha reducido a una cuestión simbólica o semántica sobre si el catalán es lengua «vehicular» o «preferente», pero las palabras a la ley no se acompañan de medidas efectivas.

La pérdida de valor y esfuerzo en el aprendizaje es uno de los problemas de fondo más graves. Hoy en día se regala el título de C1 de catalán al acabar la ESO, a menudo sin que el alumno tenga una competencia real ni ningún incentivo para esforzarse. Además, muchos docentes se encuentran desatendidos: cuando el nivel de catalán del alumnado es bajo y la materia es compleja, el profesor acaba cambiando de lengua para poder avanzar el temario, sin recibir ningún apoyo institucional real. La desidia administrativa llega hasta el punto que en muchos ciclos de Formación Profesional ni siquiera existen libros de texto en catalán.

En definitiva, la defensa del catalán en la escuela se ha convertido en crónica de una parálisis. Ganar batallas judiciales en el Constitucional sirve de bien poco si se pierde la batalla real en el patio o en los pasillos de los institutos. Ninguna sentencia salvará la lengua si se continúa rebajando la exigencia. Para que el catalán o el castellano sean realmente vehiculares, hacen falta menos pugnas políticas y más exigencia en el aula.

Fuente: educational EVIDENCE

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