Más allá de las evidencias. A propósito de la ponencia de Bianca Thoilliez

La profesora de pedagogía en la Universidad Autónoma de Madrid Bianca Thoilliez durante su ponencia en el Fòrum de Académicos organizado por la Fundación Episteme.

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Josep Oton

El I Fórum de Académicos, organizado por la Fundación Episteme, ha estado dedicado al análisis de las evidencias educativas. El 25 de abril de 2026, se reunieron en la sala de actos de la Residencia de Investigadores del CSIC de Barcelona un nutrido grupo de expertos y profesionales de la educación para debatir hasta qué punto las innovaciones pedagógicas, tan en boga hoy en día, se sostienen en resultados de estudios rigurosos, esto es, si disponemos de evidencias que garanticen la viabilidad de las transformaciones aplicadas en el mundo educativo.

La doctora Bianca Thoilliez, profesora de pedagogía en la Universidad Autónoma de Madrid, puso un contrapunto para evitar un sesgo cientificista en un ámbito, como la educación, que debe mucho al legado humanista.

A modo de provocación intelectual, desarrolló la ponencia: Más allá de “lo que funciona”. Evidencias, juicio pedagógico y déficit democrático en las prácticas de enseñanza. El punto de partida de su exposición era la constatación de cómo las prácticas educativas suelen ignorar los datos aportados por los estudios, esto es, las evidencias. La razón es muy simple, nos dejamos llevar por postulados ideológicos o por modas pedagógicas obviando la existencia de prácticas contrastadas y más eficaces. Esta incoherencia es más relevante en contextos de vulnerabilidad, donde el entorno -en especial, las familias- no puede compensar los déficits escolares. Más bien al contrario, la escuela se ve en la necesidad de compensar los déficits sociales.

Ahora bien, esta objeción a una pedagogía no basada en evidencias, si bien es correcta, a la vez es incompleta. No se trata de dirimir entre evidencia sí o evidencia no, sino de reflexionar sobre qué autoridad le concedemos, así como explorar sus límites normativos. En pocas palabras podríamos decir que la evidencia informa, pero no decide.

La Dra. Thoilliez plantea el juicio pedagógico como el contrapeso necesario. No se trata de dar rienda suelta a la arbitrariedad ni al subjetivismo, sino de aplicar una racionalidad práctica, enraizada en lo real, que pueda ejercer de mediación entre las evidencias, los valores, el contexto y las relaciones.

La enseñanza es una actividad compleja, sometida a la incertidumbre y ubicada en unas coordenadas concretas. No es una simple intervención técnica. Implica la relación entre sujetos con identidad propia. Podemos decir que contiene una dimensión “artesana” en la que confluyen el saber hacer, la experiencia y la reflexión.

Por todo ello, hay que vigilar y sortear la tentación de hacer de la evidencia un sustituto del juicio pedagógico. La evidencia no debe convertirse en un protocolo que deba aplicarse mecánicamente. En ocasiones, recurrimos a las evidencias buscando una falsa seguridad que nos libre de la incertidumbre en el momento de afrontar disyuntivas educativas.

Un excesivo énfasis en las evidencias puede convertir a los educadores en simples ejecutores de un diseño preestablecido, y su responsabilidad quedar reducida y circunscrita únicamente al cumplimiento de las instrucciones recibidas.

Ahora bien, este debate no es solo un problema pedagógico. Es, también, un problema político. En el fondo la cuestión es: ¿quién decide qué hacer? Asistimos a una expansión de la gobernanza educativa. Proliferan las redes de expertos y las herramientas de evaluación global que redefinen los problemas y las soluciones. Entonces la pregunta clave es: ¿quién decide cómo enseñar?

En su exposición, la Dra. Thoilliez aludió al debate entre el posicionamiento de Walter Lippmann y el de John Dewey. Para el primero, son los expertos los que deciden y, por tanto, el ejercicio de la ciudadanía queda limitado. En cambio, para Dewey, el conocimiento es un bien público que garantiza la deliberación democrática.

Así, la sobrevaloración de las evidencias puede generar un auténtico déficit democrático, al delegar en los expertos la deliberación que, a su vez, se basa en la legitimización de las decisiones a través de las evidencias. En el fondo se produce una expropiación del juicio del docente y una deslegitimización de su saber y de su experiencia como elementos valiosos para la toma de decisiones. La pregunta sobre el “qué hacer” se transforma en “qué funciona”, cuya respuesta válida se encuentra, supuestamente, en las evidencias. El juicio docente puede quedar desautorizado por el peso de unas evidencias obtenidas de forma descontextualizada.

Un ejemplo serían los estudios sobre el efecto de las ratios. Las evidencias muestran el escaso impacto del número de alumnos por profesor como elemento relevante para explicar los resultados académicos. Dicho de otro modo, reducir las ratios no garantiza la mejora del rendimiento. Ahora bien, ¿esta evidencia legitima el mantener ratios altas? Hay que tener en cuenta otros factores, no solo las evidencias de los estudios cuantitativos, para decidir las ratios más adecuadas en cada caso.

En resumen, las evidencias son necesarias, pero no suficientes. Son un recurso disponible que contribuye a que la toma de decisiones sea más fiable. Pero no se puede eludir la importancia del juicio docente. De otro modo, las decisiones educativas se fundamentarán únicamente en una base normativa elaborada a partir de las aportaciones de los expertos. Si así fuere, se produciría un déficit en la participación real en la toma de decisiones debilitando los procedimientos democráticos imprescindibles tanto en la educación como en la sociedad en general.

Fuente: educational EVIDENCE

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