Ya basta de ser profesores secundarios

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Giovanni Pelegi Torres

La precariedad, ese gran mal económico de nuestro presente neoliberal marcado por los trabajos mal pagados y por la carencia de horizontes compartidos, de promesas de prosperidad y de apoyos colectivos, está presente en todas partes; también en el sector público. Porque mientras quien institucionalmente debería protegernos tiene los salarios más altos del estado, el profesorado de secundaria de Catalunya está a la cola en poder adquisitivo. Vivimos atrapados desde hace años, como afirma Massimo Recalcati, en una triple precariedad: económica, social y simbólica.

En primer lugar tenemos la precariedad económica. Sobre este aspecto se ha dicho mucho en los últimos meses a raíz del actual ciclo de huelgas y lucha sindical. El mejor estudio es el elaborado por Aurora Trigo y Núria Gascó, que pone en negro sobre blanco las causas del declive del poder adquisitivo del profesorado de secundaria en Cataluña y su injusta situación en comparación con otros funcionarios de la Generalitat. ¿De todos? No, no de todos, porque los Mossos no han necesitado movilizarse y han obtenido una mejora salarial notable. Por si quedaba alguna duda, sí, es una cuestión de prioridades.

Nuestra precariedad económica, aparte de ser injusta porque, como todo el mundo, notamos los efectos de la inflación y el profundo sinsentido de crecer en términos de PIB pero que esto no se note para nada en el bolsillo, desenmascara la hipocresía existente sobre el valor añadido de nuestro trabajo. Es evidente: sin conocimiento, no existe una economía basada en el conocimiento ni en trabajos de alta calificación. Por eso el PIB, pese a crecer, no redunda en un crecimiento del PIB per cápita: porque crecemos a base de crear trabajos precarios de bajo valor añadido que impulsan un crecimiento tramposo. En otras palabras: somos víctimas económicas indirectas de la forma en que los poderes públicos (no) entienden el valor añadido que crea nuestro trabajo. Porque si desvinculamos la economía del conocimiento y basamos la economía, por ejemplo, en el turismo, perdemos económicamente en términos globales como sociedad y de rebote en términos salariales y operacionales como docentes.

Esto nos lleva a la segunda gran precariedad: la social. Enlazando con lo que escribía antes, es imposible que ganemos reconocimiento social sin un merecido reconocimiento económico. El sueldo es poder adquisitivo y también valor hacia un trabajo importante, hacia unos estudios realizados, hacia un proceso selectivo superado y hacia el papel que desempeña el profesorado en esto que llamamos de forma abstracta ‘orden’ (palabra muy despreciada, ésta). Hablando de orden, es imposible torcer el brazo de la precariedad social sin una idea de autoridad docente. En una república (en términos etimológicos), la docencia es el mecanismo privilegiado para la igualación de oportunidades basado en la transmisión del conocimiento. Para que esto funcione, es necesario hacernos escuchar: en el aula, en los claustros y en la sociedad. Debemos trabajar para la reconstrucción de una soberanía docente y de respeto social como tienen los médicos, los jueces y la policía y que, realmente, deberían tener todos los colectivos laborales. Con esto quiero decir que pedir respeto y autoridad en nuestro campo profesional está muy lejos del clasismo, del autoritarismo militar o del castigo. ¿Cómo reconstruimos la soberanía docente? Se me ocurren, así rápido, cuatro medidas: el retorno de un sistema disciplinario claro a las aulas (basado evidentemente en reglas ponderadas, justas y no violentas), el retorno de la exigencia académica, el reconocimiento del profesorado como autoridad pública y la abolición de los decretos que limitan la soberanía de los claustros.

Nos queda, por último, la precariedad simbólica, la más complicada, líquida y más lenta de corregir de todas. Tiene algo de precariedad económica y social, claro, pero tiene un elemento distintivo: es directamente proporcional a la indefinición de los objetivos de la enseñanza. Como señala Daniel Bernabé, a menos opciones de transformar la realidad material, mayor reivindicación simbólica debe asumir, en nuestro caso, el sistema educativo. La intangibilidad del valor social de la educación sume a las instituciones que la han de proveer en la precariedad simbólica. Todo ello, como resultado de la atomización de su misión pública. Es decir, cuantas más tareas debe realizar un docente, contra más burocracia, más digitalización irreflexiva, más galimatías en el currículum y menos cobertura institucional –como es el caso actualmente–, más precario es simbólicamente su trabajo.

Quienes tenemos claro todo esto creemos en la función republicana de la escuela: creemos en una pedagogía de la redistribución del conocimiento como motor de la igualdad de oportunidades frente a una pedagogía de la representación que piensa que la enseñanza es un campo de reafirmación individual, como explica Bianca Thoilliez (todas las referencias de este artículo son de su libro Conservar la educación). Creemos en nuestra función social porque tenemos vocación, sí, pero sabemos que de la vocación no se vive y que ésta sólo tiene sentido cuando forma parte de un entramado social y económico de reconocimiento. En otras palabras, queremos ser profesores de secundaria y queremos enseñar, pero no queremos ser profesores secundarios.

Fuente: educational EVIDENCE

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