La congelación de plazas en el concurso de traslados: cuando el decreto de plantillas sirve al interés privado

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Xabier Ferrer Meseguer

En torno a estas fechas, coincidiendo con el inicio del otoño, se activa uno de los rituales burocráticos más desconocidos y opacos, pero determinantes del sistema educativo público: desde cada Servicio Territorial –y bajo las directrices del Departamento de Educación– se pide a las direcciones de los centros -no a los equipos directivos- que indiquen qué plazas vacantes  han de salir a concurso público. A partir de aquí, se produce una especie de tira y afloja donde las direcciones preguntan si algunas de estas plazas se pueden quedar en el cajón un par de cursos más o, incluso, si pueden hacer un cambio de catálogo, es decir, hacer que no salga a concurso una plaza X, sino la plaza Y, para compensarlo. Es, pues, en esta antesala del Concurso General de Traslados -concretamente, en esta toma de decisiones que el Decreto 39/2014, de 25 de marzo, de mejora de la gestión de la determinación de las plantillas de docentes (el conocido popularmente como Decret de Plantilles)- que se deposita exclusivamente en manos de la dirección de turno, donde se produce una de las perversiones más grandes y menos notorias de nuestra función pública.

Desde hace más de una década, coincidiendo con una oleada masiva de jubilaciones de la generación del baby boom, hemos asistido a un fenómeno curioso y altamente preocupante: la congelación sistemática de plazas que han quedado vacantes y que, año tras año, curso tras curso, estaban ocupadas por profesorado PP, CS o interino. Alegando supuestas necesidades de «proyecto propio», de «perfiles específicos» imposibles de incluir en una especialidad clásica o de «continuidad pedagógica», muchas direcciones han estado optando por retirar del Concurso de Traslados plazas que, en la más elemental lógica de una gestión transparente, deberían haber sido abiertas al conjunto del cuerpo docente.

Sin embargo, el contexto actual ha hecho saltar totalmente las costuras de este modelo clientelar. Después de los procesos extraordinarios de estabilización —mediante los concursos de méritos y las oposiciones masivas derivadas de la Ley 20/2021—, nos encontramos con miles de nuevos funcionarios de carrera que, oficialmente, tienen una plaza garantizada pero que, en la práctica, continúan sin un destino definitivo, hecho que los convierte, tal vez sin que se lo piensen, en docentes atrapados en una provisionalidad endémica y que, en ciertos casos, se ven condenados a realizar cientos de kilómetros semanales de desplazamiento, a tener que cargar con la incertidumbre familiar y a depender, año tras año, de la benevolencia de la dirección de turno que acabará decidiendo si les renueva, o no, su estancia en el centro con criterios muy discrecionales.

Así las cosas, es necesario poner el foco sobre uno de los puntos ciegos más evidentes del sistema: el evidente conflicto de intereses que se oculta de la gestión de las plantillas y ante el cual no podemos cerrar los ojos, por más que se trate de una realidad incómoda, que puede ocurrir, y que, de hecho, ocurre en los despachos de dirección. Planteémonos un caso que podría ser recurrente: un docente que asume la dirección de un centro en el que no tiene plaza definitiva. Como máximo responsable de la plantilla de ese centro, este director tiene la potestad legal de proponer qué plazas se bloquean y cuáles salen a concurso. Durante años, mientras va acumulando puntos de forma automática -gracias a su experiencia y por el ejercicio del cargo directivo, entre otros-, la plaza que él mismo ocupa, y que desea consolidar, se mantiene convenientemente congelada y, por tanto, nadie de fuera puede optar a ella porque, lógicamente, no se puede otorgar una plaza que no se ofrece en concurso público.

Pero, he aquí el milagro: transcurridos ​​unos años, cuando este director hace silenciosamente sus cálculos y sabe que su baremo roza una cifra prácticamente inaccesible para casi cualquier mortal —pensamos en aquellos 180 o 220 puntos acumulados a base de su experiencia docente, pero también del cargo ocupado—, aquella plaza que durante tanto tiempo había permanecido congelada, de repente se descongela mágicamente y aparece publicada en el Concurso de Traslados. Si no hay nadie con más puntos, el resultado final es, obviamente, un traje a medida en un concurso de ir por casa, donde la adjudicación está cantada antes de abrir sus plicas, en un sistema donde la propia Administración actúa, simplemente, como invitada de piedra, mirando hacia otra parte mientras se instrumentaliza el procedimiento público en beneficio privado. Este hecho pervierte, pues, e instrumentaliza, una vez más, el Decreto de Plantillas. Ahora bien, ¿qué comporta, de rebote, este hecho? Pues que, especialmente en especialidades donde hay pocos docentes (francés, lenguas clásicas, tecnología…), el acceso a ese centro puede resultar imposible de por vida.

Esta deriva no se limita sólo a las cúpulas directivas, sino que además ha impregnado toda una cultura de «tacticismo» y de picaresca entre ciertos sectores del profesorado. Hay quien prefiere renunciar sistemáticamente a pedir un destino definitivo en centros de alta complejidad o de periferia y prefiere la comodidad de una comisión de servicios o de una plaza a título precario, a la espera de que la combinación de puntos y calendarios le ofrezca el destino soñado cerca de casa. Todo esto crea, de nuevo, una red de afinidades y fidelidades malentendidas que destroza los principios de igualdad, equidad, mérito y capacidad que, sin duda, deberían presidir el acceso a la función pública.

Ahora bien, mientras la Administración siga escondiéndose detrás de un falso principio de autonomía de centros y siga delegando un poder absoluto y sin contrapesos en las direcciones, el Concurso de Traslados seguirá siendo una ficción burocrática en la que quien cumple las reglas del juego a menudo acaba escaldado. Por lo tanto, la Administración no puede llenarse la boca con discursos grandilocuentes sobre la «calidad de la enseñanza pública», sobre la «fidelización de los equipos» y sobre el bienestar laboral mientras miles de docentes siguen condenados a un peregrinaje territorial absurdo, en gran medida para proteger los intereses y los calendarios particulares de unos pocos privilegiados.

Así pues, la solución pasa, ineludiblemente, por una revisión valiente y profunda del Decreto de Plantillas que permita devolver la transparencia a los centros, establecer mecanismos externos de control sobre la congelación de vacantes y obligar a sacar a concurso todas las plazas –ordinarias, perfiladas o estructurales creadas ad hoc– de forma automática, porque de nada sirve aprobar leyes de estabilización en el BOE si luego, en la práctica diaria en el aula, los despachos siguen funcionando como una finca particular.

Fuente: educational EVIDENCE

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