Dispositivos móviles en los centros educativos: ¿prohibir o reflexionar?

El auge global de las medidas legislativas favorables a la prohibición de los móviles en los centros educativos choca con algunas voces críticas que plantean una reflexión más profunda

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Enrique Benítez Palma

Durante los últimos meses del curso pasado se habló con insistencia de la necesidad de prohibir el uso de los móviles en colegios e institutos; sin embargo, en el inicio del curso escolar 2024/2025 parece que el interés por este asunto se ha desvanecido. No obstante, las iniciativas administrativas no han cesado en todo el mundo, propiciando un debate entre los actores del sistema educativo (profesorado, familias y alumnos), las autoridades del sector y los expertos de la academia, del que se pueden extraer algunas ideas y conclusiones de interés para su aplicación práctica y real.

En España, el Consejo Escolar del Estado (CEE) ya hizo en enero de 2024 unas propuestas interesantes sobre el uso de dispositivos móviles en centros educativos no universitarios. En ese documento base, de dos páginas, ya se reconocía la contradicción entre el objetivo cierto de conseguir el aumento de las competencias digitales de la población -lo que invita a introducir y utilizar herramientas tecnológicas en las aulas- y los problemas derivados de “la utilización inadecuada de dispositivos móviles de uso personal”. Este primer documento abrió la puerta a otro posterior, de 18 de junio (El uso de dispositivos móviles en la educación del siglo XXI), que describe los beneficios educativos del uso de dispositivos móviles; propone la formación sobre su uso correcto para el alumnado y sus familias; pone el foco en los proyectos educativos de cada centro, y en la regulación diferenciada por etapas educativas; y esboza unas oportunas preocupaciones iniciales sobre la inevitable irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación.

En fechas más recientes (septiembre), ha sido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la que ha recordado las “responsabilidades y obligaciones de la utilización de dispositivos digitales móviles en la enseñanza infantil, primaria y secundaria”. Se trata de un texto pedagógico, instructivo y muy útil, que recuerda todas las obligaciones derivadas del cumplimiento de la legislación de protección de datos -que afecta a los centros educativos, pero también a las empresas que ofrecen sus aplicaciones comerciales en el ámbito conocido como EdTech, y que propician “tratamientos colaterales” de ciertos datos de carácter personal, sin conocimiento ni consentimiento de las personas afectadas ni de los responsables de los centros educativos. Esta ausencia de respeto por la privacidad de los principales proveedores de aplicaciones de uso educativo merecerá otra entrada próxima en Educational Evidence.

La AEPD dedica en este reciente documento algunas páginas al uso de dispositivos móviles en los centros educativos, recordando la legislación autonómica existente y esbozando las diferentes situaciones que podrían darse, incluyendo las posibles sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa, que en el caso de los alumnos de los centros públicos de las Comunidades Autónomas que han regulado sobre esta materia son más bien de carácter disciplinario que económico (retirada del dispositivo, posible expulsión del centro y otras). Cabe preguntarse, como se verá más adelante, si no se producirán conflictos entre el profesorado y los alumnos de más edad cuando se necesite retirar o requisar los dispositivos móviles, y si la aplicación de la norma será pacífica o no.

El triunfo de las medidas prohibicionistas parece avalado por un amplio consenso social, sobre todo por parte del profesorado y las familias. Diversas experiencias parecen demostrar el aumento de la atención en clase y la disminución de incidentes de convivencia escolar, así como la reducción de episodios de acoso escolar a través de las redes. Sin embargo, otras investigaciones se quejan precisamente de la falta de evidencia para tomar una medida tan drástica, y proponen medidas menos restrictivas para abordar este complejo asunto. Una de las opiniones discordantes más críticas la plantea Manuel Area Moreira, de la Universidad de La Laguna, que propone “más educación y menos prohibición”, y habla de “la contrarreforma digital de la educación”, definida como “la reacción proteccionista ante los efectos negativos de las tecnologías sobre la infancia, adolescencia y juventud, cuya respuesta es prohibir o coartar su utilización en los escenarios educativos”. Se trata, entonces, de “un planteamiento contradictorio pedagógicamente, y que agazapa una mirada conservadora y a veces nostálgica sobre la educación”. Su posicionamiento interpela a la comunidad educativa, ya que defiende que “el negacionismo o prohibicionismo digital plantea el debate sobre la tecnología y la educación de modo simplista o maniqueo, reduciéndolo a discutir sobre si [esa relación] es beneficiosa o perjudicial”, como si el contexto o los casos de uso no importaran. La adecuada alfabetización digital de estudiantes y familias, el fomento del pensamiento crítico y la creatividad, la ejemplaridad de los padres en el hogar o la enseñanza activa más allá de la mera recepción de “contenidos disciplinares” son, muy resumidas, algunas de las propuestas de este profesor. Merece la pena leer su capítulo (Nostalgias, miedos y prohibiciones. La contrarreforma digital de la educación) dentro del libro (en acceso abierto) titulado “Didáctica y Tecnología. Encrucijadas, debates y desafíos”, de Miriam Kap (compiladora).

Un debate similar ha tenido lugar en el Reino Unido, donde el anterior gobierno conservador apostó por la prohibición de los móviles en las escuelas. Así, en febrero de 2024 publicó una guía para que cada escuela diseñara sus propias políticas de uso de los móviles, y un “toolkit” para que los centros educativos comunicaran con eficacia al conjunto de la comunidad escolar la posible prohibición, su gestión y sus consecuencias. Algunos de estos consejos para los directivos educativos pueden ser útiles para los centros españoles, ya que las autoridades británicas plantearon desde la necesidad de comenzar con períodos cortos de prueba, para ver la reacción de estudiantes y familias, hasta la utilización de todo tipo de mecanismos de comunicación con las familias (correos electrónicos, newsletters, reuniones presenciales, tutorías, etcétera) para garantizar una buena puesta en marcha de la medida, con el apoyo de las familias, minimizando la resistencia de los afectados, los alumnos.

No es tan fácil la prohibición de los móviles en las escuelas, por muchos motivos. Hay familias que desean estar conectadas con sus hijos; hay profesores que han utilizado con éxito los móviles para enganchar a sus estudiantes a las tareas de clase y mejorar su aprendizaje; pueden darse situaciones de alarma (como los demasiado frecuentes tiroteos en los Estados Unidos) que requieren de una comunicación constante con los estudiantes; o puede haber alumnos con necesidades educativas especiales que sí que necesitan llevar con ellos su dispositivo móvil. Por no hablar de las encuestas que revelan el uso abusivo de los móviles fuera de los centros escolares, ante la pasividad o aquiescencia de las propias familias, cómodas mientras sus propios hijos no les molesten. La sociedad debe reflexionar sobre la contradicción que supone exigir la prohibición del uso de móviles en la jornada escolar, al tiempo que no se ponen límites a su uso fuera de ella.

Una encuesta telefónica realizada en Escocia al profesorado de secundaria, en febrero de 2024, proporcionada señales de alarma ante la situación en las escuelas. El 92% de los encuestados afirmaron sufrir interrupciones en sus clases por el uso inadecuado de los móviles por parte de sus alumnos; el 75% contestó que las interrupciones se daban en todas o casi todas sus clases; en el 72% de los centros educativos existían políticas internas conocidas sobre el uso de los móviles, pero sólo el 9% de los profesores valoraron como efectivas o muy efectivas dichas políticas internas. El 59% del profesorado participante en la encuesta estaba de acuerdo con la prohibición total o parcial (en clase) del uso de dispositivos móviles en los centros educativos. Aunque no existe una encuesta similar en nuestro país, se puede conjeturar que sus resultados serían parecidos, o incluso más alarmantes.

Ante las medidas prohibicionistas británicas, profesoras como Sonia Livingstone, Miriam Rahali y Beeban Kidron (London School of Economics) han planteado algunas cuestiones de interés. Para empezar, la contradicción entre las guías que animan a las escuelas a prohibir el uso de móviles y la propia Estrategia Nacional de EdTech, que vela por la utilización didáctica de las nuevas tecnologías y la actualización tecnológica de los estudiantes para su mejor inserción en el mercado laboral. En pleno mundo digital, cuando las relaciones con instituciones públicas y empresas privadas son ya online, no parece apropiado que el sistema educativo no forme parte de la alfabetización digital. De esta contradicción son muy conscientes los propios profesores, las familias y los alumnos. Señalan también las autoras la ausencia de evidencia sobre los efectos de las prohibiciones en el aprendizaje y en la mejora del comportamiento, pese a reconocer que existe una demanda pública a favor de la prohibición. Y proponen la incorporación al currículum de materias relacionadas con la alfabetización digital, las habilidades digitales y la necesaria capacidad de análisis sobre los riesgos derivados del uso de los dispositivos móviles en el aula, y fuera de ella.

Quizás el país donde el debate sea más vivo sea Estados Unidos, donde al menos 13 Estados han aprobado leyes restrictivas o prohibitivas, mientras que en California está a punto de aprobarse la llamada Phone-Free Schools Act, que va a requerir a todos los centros educativos del Estado a implementar sus propias políticas internas de uso de los dispositivos móviles antes del 1 de julio de 2026. En el ámbito anglosajón se tienen en cuenta las peculiaridades locales, o incluso individuales, de los centros, que pueden adoptar políticas más rígidas o más flexibles en función de su tamaño, entorno socioeconómico, formación del profesorado, y otras variables. Entre la restricción y la prohibición cabe una amplia escala de tonos.

Lo más relevante del caso estadounidense es una encuesta del Pew Research Center publicada en junio de 2024, que aportaba un par de datos de interés. El primero, relacionado con el cumplimiento de las normas legislativas y de las políticas internas: en secundaria, un 60% del profesorado anticipaba que iba a ser difícil velar por su cumplimiento (enforcement), un factor del que se ha hablado poco en España. El segundo dato de interés tiene que ver con las respuestas de los estudiantes: para el 70% de los estudiantes, los móviles tienen más ventajas que inconvenientes. Una respuesta que revela la profunda contradicción social existente, ya que apenas se ponen límites al uso privado de los móviles entre los menores de edad, que pasan horas y horas atentos a sus pantallas, al tiempo que se pretende que durante las clases ese vínculo -que es un vínculo con su mundo- desaparezca.

En definitiva, y como han resumido los profesores Christian Montag y Jon D. Elhai, existen argumentos a favor y en contra de la prohibición de los móviles en los centros educativos. A favor de la prohibición mencionan la disminución de las distracciones en clase y la mejora del rendimiento educativo; el aumento de la actividad física en horario escolar; el crecimiento de las interacciones personales y el aprendizaje a gestionar el aburrimiento, que puede conducir a utilizar más la imaginación y la creatividad. Respecto a los argumentos en contra, destacan que las familias no se podrían comunicar con sus hijos; que de hecho las mentes de los jóvenes deben prepararse para un mundo lleno de distracciones; los costes de cumplimiento (costes económicos de los armarios para depositar los móviles al llegar a los centros educativos) y, finalmente, que una prohibición de estas características choca con los ideales de sociedad abierta y libre. No en vano, en el título de su artículo se preguntan si necesitamos un “uniforme digital escolar”. Buena pregunta que merece una respuesta a la altura.

Fuente: educational EVIDENCE

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