La protección de datos del profesorado en la era Google: una cuestión de soberanía digital

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Jordi Collado

En un lapso de pocos años, el Departament de Educació de Catalunya ha promovido el uso generalizado de Google Workspace for Education en centros públicos mediante la red XTEC. Gmail, Drive, Classroom y Meet se han presentado como herramientas para modernizar la gestión educativa y mejorar la comunicación con el alumnado y las familias.

Sin embargo, esta transformación comporta consecuencias que van más allá de la comodidad y la eficiencia. El profesorado -que trabaja, comunica y almacena documentos dentro del ecosistema de Google- genera un volumen elevado de datos personales y profesionales gestionados por una corporación privada. Esto abre interrogantes sobre la privacidad, la confidencialidad y la soberanía informacional del colectivo docente.

Según el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679), Google actúa como «encargado del tratamiento» por acuerdo con el Departamento. Sin embargo, la dependencia de una empresa con intereses comerciales globales y con sede fuera de la Unión Europea es estructural. Este modelo también impacta en el bienestar laboral: puede generar sensación de vigilancia, estrés tecnológico y una dilución de los límites entre vida laboral y personal. Además, acentúa la brecha digital entre docentes en función de su competencia tecnológica.

Como recuerda Cecilia Bayo en una entrevista en Xarxanet (2023), “enseñar en la escuela que hay distintas maneras de entender las tecnologías es esencial”.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, ​​Arnau Monterde, director de Innovación Democrática, defiende una transformación digital «abierta, colaborativa y con control público efectivo» (Conferencia 4D, 2024). Iniciativas como el proyecto Digital i Democràtic -impulsado con Xnet y varias escuelas- demuestran que es posible trabajar con tecnologías libres como Nextcloud, Moodle o BigBlueButton sin depender de Google.

Este modelo se basa en tres principios clave: transparencia y soberanía tecnológica; uso de software libre y datos bajo control público; y participación de la comunidad educativa en el diseño de las herramientas. Desde Xnet, se destaca la necesidad de garantizar la neutralidad de la red, la protección de datos y la inviolabilidad de las comunicaciones, así como la auditabilidad de los algoritmos y la transparencia de los sistemas automatizados. Según esta organización, la lucha por la soberanía digital es también una lucha por la democracia y por los derechos civiles en la era digital.

El Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), impulsado por la Dirección General de Innovación, Digitalización y Currículum, se ha presentado como una apuesta por la modernización tecnológica del sistema educativo.

Otro colectivo que ejemplifica las tensiones internas de esta transformación digital es el de las coordinaciones digitales de los centros públicos. El grupo Coordinació Digital de Catalunya en Lluita denuncia que la masificación de dispositivos, plataformas y proyectos digitales no ha ido acompañada del reconocimiento, el tiempo ni los recursos necesarios para gestionarlos. Según su manifiesto, la falta de soporte técnico y la sobrecarga de tareas ponen en riesgo la calidad pedagógica y acentúan la brecha entre centros. Esta situación revela una paradoja: mientras se invierten millones en infraestructuras y servicios externos, las condiciones de quien debe sostener la digitalización a menudo quedan menospreciadas.

Este malestar coincide con las denuncias recogidas en el reportaje de OCTUVRE (2023) —“Digitalizació educativa: el negoci d’educar amb dades”—, que expone cómo el PEDC ha destinado cientos de millones de euros, buena parte de ellos provenientes de los fondos Next Generation, a proyectos y contratos con grandes empresas tecnológicas, sin garantizar un control público efectivo ni la participación real del profesorado.

El informe de OCTUVRE recoge testimonios de docentes y coordinadores digitales que alertan de la falta de debate pedagógico, de la poca transparencia en la selección de proveedores y de la creciente dependencia de plataformas privadas. La digitalización, una vez más, se ha entendido como una cuestión de infraestructura y no como un debate sobre soberanía y derechos digitales.

Ejemplos de otros territorios muestran que existen vías alternativas. En Dinamarca, la paulatina migración de Windows/Office a Linux/LibreOffice ha permitido reducir la dependencia de corporaciones externas y garantizar soberanía digital. El proyecto EducaMadrid ofrece servicios de correo, nube y aula virtual gestionados por la propia comunidad educativa, respetuosos con la privacidad. Y aquí, el sindicato de profesores Secundaria Info impulsa una aplicación gratuita que ofrece recursos al profesorado sin recoger datos personales.

Estos ejemplos demuestran que es posible garantizar seguridad, transparencia y soberanía digital en la educación pública. La experiencia catalana, por el contrario, evidencia una digitalización impuesta, a menudo sin debate público ni evaluación de alternativas.

Para revertir esta situación es necesario apostar por software libre y servicios públicos digitales, ofrecer formación crítica al profesorado en privacidad y soberanía tecnológica, garantizar transparencia en las contrataciones y participación de los docentes, y establecer financiación estable para proyectos digitales propios.

La soberanía digital es también soberanía laboral e institucional. No se trata sólo de decidir con qué herramientas trabajamos, sino de quién define su uso, quién sufre sus consecuencias y quién recibe sus beneficios. Integrar esta dimensión humana y profesional es esencial para construir una digitalización educativa ética, democrática y sostenible, donde la protección de datos, el reconocimiento del profesorado y el control público de la tecnología avancen conjuntamente.

Además, esta falta de soberanía digital no sólo afecta al uso de aplicaciones como Google Workspace for Education, sino que se extiende también a otros ámbitos de la gestión educativa, como el creciente uso de datos biométricos para el control de presencia del profesorado —una práctica que plantea graves interrogantes legales y éticos y que analizaremos en el próximo artículo.

Como advertía George Orwell, «quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado». En la era digital, quien controla los datos -y, por tanto, la información- también condiciona el futuro de nuestra educación. La soberanía digital, lejos de ser un lujo tecnológico, es una cuestión de libertad colectiva.

Referencias:

Xnet (2023). Neutralitat de la xarxa. https://xnet-x.net/ca/eix/neutralitat-de-la-xarxa/
Xnet (2023). Institucions que digitalitzin democràticament. https://xnet-x.net/ca/institucions-que-digitalitzin-democraticament/
Udinmwen, E. (2025). Sobirania digital o desastre digital? Yahoo Tech.
Monterde, A. (2024). Conferència 4D: Digitalització Democràtica i Drets Digitals. Ajuntament de Barcelona.
EducaMadrid (2025). Portal institucional. https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
Bayo, C. (2023). Ensenyar a l’escola que hi ha maneres diverses d’entendre les tecnologies. Xarxanet.
App Secundària Info. https://www.appbrain.com/app/secund%C3%A0ria-info/info.secundaria.android.secundariainfo
BigBlueButton. https://bigbluebutton.org/

Coordinació Digital de Catalunya en Lluita (2025): Manifest per al reconeixement de la coordinació digital dels centres públics. https://www.cdcenlluita.com
OCTUVRE (2023). Digitalització educativa: el negoci d’educar amb dades. https://mailchi.mp/octuvre/digitalitzacio

Fuente: educational EVIDENCE

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