¿Clamor educativo o reclamo especulativo?

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Joan Nonell

El diario Ara publicó el pasado 22 de enero un artículo firmado por dos miembros del colectivo Clam Educatiu, que agrupa a una serie de docentes habitualmente posicionados a favor de las medidas educativas y pedagógicas impulsadas por el Departament de Educació y otras instituciones afines, como la Escola Nova 21 o la Fundación Bofill, como la defensa de la autonomía de los centros, la limitación de la movilidad del profesorado o la apuesta por la selección de los miembros del claustro por parte de las direcciones.

Éste último era, justamente, el tema que abordaban las autoras del artículo, presentándolo como un tabú, es decir, una especie de prohibición arraigada en tradiciones desfasadas que impiden la modernización de los equipos docentes y la mejora de la calidad educativa en la escuela pública, a su juicio, ya que al no poder elegir arbitrariamente a los docentes que deseen, se impide a las direcciones poder «formar equipos coherentes con sus necesidades docentes». No perderé el tiempo recordando las prácticas de selección encubierta que ya permite la administración a las citadas direcciones de los centros educativos públicos, con mecanismos como la reserva de plazas perfiladas o las entrevistas a los posibles candidatos en los procesos de adjudicación de plazas previstos en cada curso escolar, contrariando principios selectivos más transparentes y equitativos como los que instruyen el concurso de traslados. Pero a juicio del colectivo que clama -o más bien brama-, con esto no basta. Quieren libertad total para los equipos directivos en la elección del personal que configura las plantillas docentes de cada centro, tal y como hacen las escuelas concertadas.

La medida se presenta con tintes taumatúrgicos y se considera que daría la vuelta, como si de un calcetín se tratase, a los males de la escuela pública, ya que permitiría distinguir al profesorado implicado con el proyecto educativo singular de cada centro, de aquél que tiene una mirada crítica, arrinconando y finalmente expulsando a aquellos que no comulguen con el pensamiento único pedagogista propio de aquellos que quieren convertir los claustros en sepulcros y las escuelas en cementerios del espíritu crítico, para erradicar el debate constructivo que contraste propuestas y cuestione soluciones admitidas sin evidencias demostrativas que acompañen su implantación. La voz discordante molesta. Como también los sindicatos que se oponen denunciando flagrantes casos de amiguismo, nepotismo y clientelismo en la elección del profesorado que este mecanismo permite y fomenta.

Especialmente falaz es la argumentación esgrimida por las autoras para desautorizar la tarea sindical en este punto, al querer limitar y circunscribir el papel de la acción sindical a la defensa de los derechos laborales de los funcionarios, mientras reprochan como una intromisión el posicionamiento crítico respecto a prácticas pedagógicas, como si éstas no condicionaran los derechos de los profesionales de la enseñanza. ¿Olvidan estas pretendidas docentes que los sindicatos educativos están formados por maestros y profesores que integran los mismos claustros que sus medidas quieren expurgar? Lo saben bien, por lo que desautorizar a los sindicatos es parte de la misma estrategia de silenciamiento que se oculta tras la tan europea y moderna medida de dar plenos poderes selectivos a las direcciones de los centros educativos.

Vamos pues a la premisa mayor de su exposición de razones en favor de dar carta blanca en la selección del personal docente a los equipos directivos. La razón primordial es que esta práctica distingue a la escuela concertada. Intuimos que tras esta afirmación se esconde la premisa implícita del éxito educativo del modelo concertado, que contrastaría con el ineficiente funcionamiento de la escuela pública. Por eso es necesario equiparar, al menos en relación a los mecanismos de elección del personal, la pública y la concertada. Como la premisa de que la escuela concertada funciona mejor que la escuela pública no está explicitada en la argumentación, es algo que no es necesario demostrar. Nos ahorran así las autoras los detalles de una comparativa que debería extenderse a aspectos que van más allá del procedimiento selectivo del profesorado que imparte docencia en uno y otro modelo. Tal comparativa, para ser del todo honesta, debería evidenciar los propósitos divergentes que animan a uno y otro modelo. Así, la escuela concertada no debe olvidarse que es un negocio, por mucha vocación educativa y voluntad de servicio que anime sus propósitos fundacionales. Por su parte, la escuela pública es un instrumento de igualación de oportunidades que alimenta el principio de nuestra convivencia democrática, como un pilar básico del Estado del Bienestar garantizando -o así debería ser- la formación plena y gratuita para todos los ciudadanos.

El beneficio económico de las patronales titulares de los centros concertados es el fin último que anima su política de actuaciones, que incluyen una amplia gama de actividades secundarias, como comedores escolares o actividades extraescolares, colonias, etc. todas ellas lo suficientemente rentables como para permitirse seleccionar indirectamente al alumnado integrante de sus proyectos educativos, que presenta unos niveles socioeconómicos mucho más homogéneos que los que podemos observar en la escuela pública, con una mayor diversidad y un número muy superior de casos con necesidades educativas específicas. Si la escuela concertada obtiene resultados más exitosos, en consecuencia, no se debe a que sus equipos docentes estén más cohesionados e implicados en los proyectos del centro, sino porque el funcionamiento de toda la institución, incluidos los educandos y familias receptoras del servicio, buscan la mayor eficiencia económica.

Que los criterios que vertebren el sistema educativo público y privado se igualen, imitando los procedimientos de la concertada, es, en definitiva, un nuevo triunfo del neoliberalismo rampante, que ha convencido a los técnicos educativos del Departamento de que no es el valía personal del alumno el principio inspirador de su formación, sino la capacitación profesional futura de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, precisamente lo que las familias preocupadas por la educación de sus hijos buscan cuando eligen la concertada como opción escolar. Ni que decir tiene que estas opciones especulativas de futuro productivo, en forma de éxito académico, aparecen disfrazadas de humanismo biempensante, no fuera que la vergüenza de convertir la escuela en un negocio que, además, perpetúa el clasismo socioeconómico, los desenmascara.

En esta tarea de ocultación, colectivos como el demandante del artículo, Clam Educatiu, son esenciales, al transformar arreglos comerciales y el futuro de los alumnos, con supuestas prácticas pedagógicas modernas y eficientes, en la excusa perfecta para colonizar la escuela pública y pseudo-privatizar su funcionamiento, con medidas como la profesionalización de las direcciones, o la vinculación de subvenciones e incentivos económicos para los centros y trabajadores –ya no profesores- con la obtención de resultados académicos favorables. Por todo ello, la propuesta que bucea en el artículo suena más a un reclamo especulativo que a una demanda íntegra y compartida por el personal docente que sigue resistiendo los embates neoliberales que asedian, también desde dentro, a nuestra pobre, desvalida e infradotada escuela pública.

Fuente: educational EVIDENCE

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