Abrazos

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Andreu Navarra

Salgo estupefacto de una charla sobre educación inclusiva y violencia en las aulas impartida por una ponente de la Generalitat de Catalunya. Es bueno saber qué se cuece en las altas esferas y qué podemos esperar de nuestra profesión, es decir, cuáles son los planes de futuro y cómo se está redefiniendo nuestra actividad laboral. La ponente explica qué hacer cuando un alumno entra en crisis durante una clase; según ella los gestos ante un acto de violencia «deben parecerse más a un abrazo» que a un gesto de reconvención. Ya vamos comprendiendo que la dinámica oficial, dentro del contexto de inclusión radical hoy en día oficial, es eliminar el espíritu de las normas de convivencia y entrar de lleno en un contexto nuevo de naturaleza terapéutica, lisa y llanamente: abrazos en vez de sanciones.

Podríamos estar de acuerdo… si no nos llegaran casos de docentes que han sido expedientados por colocar una mano sobre el hombro a un alumno. ¿Se imagina qué le podría pasar a un docente actual en Cataluña si se dedicara a repartir abrazos o gestos parecidos a abrazos? No duraría ni quince días, tal y como está el ambiente. Un ambiente tenso, judicializado, francamente hostil, donde el docente teme actuar porque cada vez se le expedienta por motivos más baladíes.

Pero estas palabras no son las más desconcertantes, o graves, o surrealistas. Explica la ponente, minutos después, por qué no puede ser considerada “violencia” la violencia de una persona diagnosticada con alguna afección de tipo mental. Argumenta, obviamente, que no hay intencionalidad, o que existe otro tipo de intencionalidad cuando ocurre que un alumno que necesita un tipo muy concreto de atención psicopedagógica agrede a un docente. Ser inclusivos, nos explica, obliga a cambiar la mirada hacia estos incidentes.

La simplificación es evidente, y las consecuencias, gravísimas. Podríamos llegar a estar de acuerdo con la irresponsabilidad de los agresores, pero el docente no sufre menos porque la agresión se dé bajo tales supuestos, que desgraciadamente son cada vez más frecuentes. La ponente propone cursillos de formación de seis horas (lo llaman “cápsulas de saber”) para afrontar este tipo de situaciones. La vieja canción de siempre. Pero nadie se fija ni pronuncia sobre los efectos de los incidentes violentos sobre el docente, totalmente desprotegido. Gran parte de las bajas laborales por estrés, ansiedad o depresión provienen de ahí: el docente recibe violencia y la respuesta del sistema y la red es ninguna, cero, nada. El sistema tiene tendencia a responsabilizar al docente de la violencia recibida, y en no pocos casos llega a ser el docente quien recibe el expediente disciplinario, cuando no palabras suspicaces.

Las implicaciones van aún más allá. ¿Tenemos autorización, estamos protegidos jurídicamente a la hora de intervenir en una crisis de tipo mental? Para ilustrar a qué me refiero pondré dos ejemplos de la vida real, observados en un centro real, precisamente para intentar argumentar que el Departamento está, precisamente, fuera de la realidad.

Un profesor de guardia oye un griterío insólito en una clase de tercero de ESO; el alboroto es monumental. Cuando entra para ver qué está pasando, encuentra a un alumno con un diagnóstico TEA estrangulando a la compañera de catalán. El alumnado se divide en dos: la parte que estimula el estrangulamiento, de lo más entusiasmado, y la otra parte que se levanta estremecida de la silla e intenta pedir ayuda. La docente de catalán ha sido reducida contra la pared, y un alumno claramente más fuerte y más bragado la está, sencillamente, estrangulando. El docente de guardia protege a la compañera y bloquea al alumno. La docente, por supuesto, ya no volverá al centro. Después intenta calmar al alumno fuera del aula, en el pasillo, donde interviene un orientador que es psicólogo.

Bien: detengámonos. ¿Tiene derecho a intervenir este docente de guardia? Moralmente sí, jurídicamente no. Se está jugando el puesto de trabajo evitando un acto de violencia. Que el agresor no sea imputable ni responsable no mitiga el daño: en esa clase no se está aprendiendo nada, todos los días hay incidentes similares, los docentes acaban rehuyendo las clases, pidiendo bajas, el sistema sólo reacciona con palabras vacías, cuando no con amenazas. La compañera de catalán tiene derecho a hacer su trabajo sin ser estrangulada. Y el colofón: el mismo docente pasa un día por casualidad por el rellano de aquella clase de tercero, el alumno del otro día sale corriendo del aula y quiere tirarse por el agujero de la escalera. El propio docente se ve obligado a reducirlo en el suelo para salvarle la vida. ¿Estamos realmente protegiendo a este alumno con TEA? ¿Le estamos garantizando sus derechos? Lo único que hemos hecho es abandonarlo, y de paso hemos abandonado a los docentes, completamente sobrepasados, temerosos y obligados a realizar trabajos que ni saben hacer ni deberían, legalmente, estar haciendo. La negligencia oficial es escandalosa. Si la realidad no es analizada por el sistema educativo, no empezaremos a remontar nunca. Los sermones morales y los esquemas ideales nos están llevando al desastre cotidiano.

Ya sabemos qué se responde a estas cuestiones: que son casos aislados, que no hay para tanto, que hay demasiado catastrofismo. ¿Pero qué le decimos a la compañera a la que el pasado lunes le pusieron un cuchillo de latón en el cuello? El cuchillo era de mentira, todo era una broma, pero el miedo y la ansiedad no le ahorra nadie a su compañera. Y así cada día, cada semana, y a seguir tirando como si nada…

Pero todavía no he terminado. La ponente afirma otra cosa que suena, a priori, muy estimulante, quiero decir muy positiva: es necesario abrir un protocolo contra la violencia por cada agresión y por cada alumno que quede afectado. ¡Esto es firmeza! ¡Eso es contundencia! Ahora bien: ¿quién abre estos protocolos? ¿Quién los mantiene y examina y termina cerrando? ¿Cómo podría llevarse a cabo esta idea en un centro que tuviera cinco, diez, quince incidencias todos los días? ¿Cuántos protocolos debería abrirse a la semana, cada mes, cada año? ¿Se han paseado alguna vez estas personas por un centro real?

¿Y las clases, cuándo? De repente, me asalta una idea diamantina, la clave de todo: claro, cómo no me di cuenta: es que al docente no se le pide que dé clase, se le pide que abra y gestione protocolos. La escuela debe convertirse en una especie de panóptico digital. El objetivo es la infinita proliferación de PDFs, no el acompañamiento del menor y, ni mucho menos, su aprendizaje. La gestión de las cosas ha sustituido a la cosa. No hay nada que enseñar. Debe ser esto.

Utopías devastadoras, plantilla low cost pluriempleada, cambios de mirada; ni una palabra de aprendizajes, de necesidad de convivir en paz. El sistema o desconoce o niega las condiciones reales en las que deben enfrentarse alumnos y docentes cada día. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El neoliberalismo mental, o moral, acompañado de recortes, dogmatismos y ceguera, nos ha conducido al marasmo actual. Convendría escuchar a los docentes, dejar de culpabilizarlos, protegerlos eficazmente, y repensar una escuela inclusiva que ha desembocado en la exclusión de todos.

Me levanto de la silla, me despido de una compañera de trabajo y salgo al exterior. Me he dado cuenta de que necesito salir a la calle, necesito la puerta, necesito aire y luz.

Fuente: educational EVIDENCE

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