Si todo está tan mal en la educación, ¿por qué no se arregla?

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Felipe J. de Vicente Algueró

De un tiempo a esta parte son cada vez más los periodistas, intelectuales o creadores de opinión que constatan el deterioro del sistema educativo. Las pruebas de evaluación, el clamor constante del profesorado, las evidencias empíricas son suficientemente contundentes como para concluir sin ninguna duda que las cosas en nuestras aulas van mal. Pero también es fácil constatar que no se hace nada por parte de los políticos. En el territorio en donde quizás están peor las cosas, Cataluña, a pesar del cambio de gobierno, el nuevo equipo del Departamento de Educación no ha modificado ni una coma de las normas que rigen el sistema excepto si le obliga una sentencia judicial. Por lo que se refiere al gobierno central, la LOMLOE no se aprobó para remediar los problemas educativos. Ni tan siquiera se hizo un esfuerzo de diagnóstico previo. La ley se tramitó con nocturnidad aprovechando las restricciones de la pandemia. Y el resultado es una ley que sólo pretende imponer una determinada ideología, pedagógica y política.

Si se pudiera aplicar la segunda ley de la termodinámica, tendríamos una posible solución. La entropía no hace más que aumentar el desorden del sistema. Pero no, no nos sirve la Física. Hemos de recurrir a la Economía. La llamada Escuela de la Elección Pública (Public Choice) tiene una respuesta. James Buchanan, Premio Nobel de Economía es el iniciador de dicha Escuela, que cuenta con destacados economistas como Gordon Tullock y Mancur Olson. Sobre todo, este último en su libro La lógica de la acción colectiva da las claves para entender lo que está pasando y al que sigo en este artículo.

Antes de introducir las ideas del Public Choice, hagamos una consideración previa, centrada en Cataluña pero extrapolable a otras CCAA. Cuando se constituyó la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Educación se ubicaba en un despacho del Palacio de la Plaza de Sant Jaume. Poco tiempo después se desplazó a un modesto edificio muy cercano en la calle Sant Honorat. Rápidamente diversos servicios del Departamento fueron ocupando nuevos locales dispersos por Barcelona para confluir en un imponente edificio de la Diagonal (que se quedó pequeño) y luego desplazarse al no menos imponente que ocupa ahora en Vía Augusta, antigua sede de la IBM. Paralelamente se fueron aumentando los servicios periféricos. Hay 12 servicios territoriales más una buena serie de organismos: Consejos Escolares, Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, Agencia de Formación y Cualificación Profesional, tres secretarías, nueve direcciones generales y un montón de subdirecciones generales y jefes de servicios. En total, una burocracia aplastante. Eso sin contar las burocracias educativas de las Diputaciones Provinciales y ayuntamientos. Por cierto, si no han entendido eso de “Prospectiva de la Educación”, no se preocupen, tampoco lo entienden los que lo han ideado, pero, bueno, ahí están los prospectólogos que deben ser una subespecie de pedagogos, mezcla de I Ching y Chatgpt.

¿Cómo se formó esta burocracia? Hubo que partir de cero. Así que los primeros moradores de los cómodos y cada vez más amplios despachos eran seleccionados a dedo en base a tres criterios: afines al partido del poder, identificados con las doctrinas pedagógicas que se estaban imponiendo y poco interés en estar en el aula. Estos primeros burócratas salieron de los institutos y de las Facultades de Pedagogía, fueron ampliando las plantillas con gente de sus mismos intereses y perfiles ideológicos. Podríamos decir que se formó un auténtica pedagocracia bien instalada y remunerada que se ha ido retroalimentando año tras años. Da igual quién es el Consejero o Consejera. Ellos mandan y punto.

Ahora es cuando el análisis de la Escuela de la Elección Pública nos da la explicación. Estos economistas parten de dos supuestos iniciales:

1. El elector no vota en función de un análisis detallado de las políticas públicas que ofrecen los partidos. La razón es muy sencilla y radica en que los votantes, de forma implícita o explícita, descuentan a priori el hecho de que es prácticamente imposible que su voto sea el decisorio en una elección determinada, dado el gran número de personas que se espera que acudan a votar. Los electores están desorganizados habitualmente. Por ejemplo, no existe un potente movimiento de votantes que priorice las políticas educativas e influya en el resto de electores.
2. Las decisiones políticas no son el resultado de un esfuerzo desinteresado por el bien común, están influidas por los grupos de interés. La burocracia se organiza como grupo de interés en el que cada individuo pretende maximizar y mostrar la necesidad de su puesto de trabajo.

Estos grupos están mucho más organizados y concentrados que la masa de votantes, lo que les otorga una mayor capacidad para influir en las decisiones políticas. En nuestro caso, los pedagócratas (burócratas del Departamento de Educación, de las Facultades de Pedagogía y de fundaciones y entidades afines) pueden lograr sus objetivos mediante actividades de lobby, presionando a los políticos para que adopten políticas que beneficien a sus miembros, incluso si esas políticas no representan el interés general. La pedagogía que ellos defienden responde al interés general y punto.  Por ejemplo, si alguien pretende reducir la burocracia pedagógica, inmediatamente se encontrará con la inquisitorial acusación de pretender recortes en educación, atentar con el Estado del Bienestar, y lo que es peor, ser agentes de la conspiración neoliberal que pretende cargarse la educación. Citando esto último ya está todo ganado. ¿qué político va a correr el riesgo de ser llamado neoliberal? Pues ya está: todo sigue igual y la pedagocracia bien instalada.

Si el lector tiene paciencia (y hace falta mucha) puede leer los tres farragosos artículos del señor Jaume Trilla en El diario de la Educación (que se define como una revista para la “resistencia educativa”) sobre el Pedagogismo. Si se ha conseguido leer tan entusiastas defensas de la pedagocracia y no perecer en el intento se comprobará que las tesis de este señor están en la línea de lo dicho anteriormente. Cuando el señor Tilla ha de recurrir a argumentos ad hominen, a la ultraderecha y otras lindezas de similar rigor intelectual es que el pobre hombre está más angustiado que el fontanero del Titanic.

Otro ejemplo es el colectivo DIME (Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa) que identifican la mejora educativa (o sea el interés general) con sus propuestas. Este colectivo tiene como principal línea de actuación: “defensa de la Pedagogía, la Didáctica y, en general, las Ciencias de la Educación y otras disciplinas”, entre otros dimes y diretes. ¿Qué les parece si cambiamos la frase por otra más realista: defensa de los pedagogos, los didactas y los profesores de las Facultades de Pedagogía?

Los economistas de la Elección Pública han estudiado bien el mecanismo del crecimiento de las burocracias y, en consecuencia, del gasto público no eficiente. Además, dado que los resultados de los burócratas (los pedagócratas en este caso) no se rigen en términos coste/beneficio es inevitable la tendencia descontrolada al crecimiento de los costes y déficits, el aumento continuo de las macroestructuras funcionales y la multiplicación de entes de tipo burocrático. En Cataluña, si analizamos la evolución del gasto educativo, veremos que, proporcionalmente, ha crecido más el burocrático que el que llega directamente al aula. Si introdujéramos criterios de mercado, los responsables de tal mal producto (el sistema educativo) hace ya mucho tiempo que estarían en el paro. Pero ahí siguen parapetados en su defensa de una gestión que consideran de interés general.

Los pedagócratas, para justificar su puesto de trabajo, tienden a propagar su burocracia, llenando a los centros de multitud de procesos administrativos, informes, formularios, evaluaciones y un largo etcétera que son innecesarios, pero si se suprimieran peligraría su puesto de trabajo. La onda expansiva burocrática hace ocupar muchas horas de trabajo a los docentes (en detrimento de su función primordial), o crea otros pequeños pedagócratas en los centros (cargos de coordinación no ligados directamente a la enseñanza). Los pedagócratas tienden a la multiplicación de normas e instrucciones y para ello la Secretaría de Mejora Educativa tiene cuatro direcciones generales, tres subdirecciones y una agencia, además de numerosos jefes de servicio, subjefes, asesores y otros colaboradores y todo para que la educación en lugar de mejorar empeore.

En la pedagocracia proliferan los organismos ineficientes. ¿Realmente es útil y necesario el máster de secundaria o es un mecanismo más para asegurar sueldo a unos cuantos pedagócratas? Los médicos no hacen un master para ejercer su profesión, pasan cuatro años aprendiendo junto a profesionales acreditados en hospitales públicos. Pero si los futuros profesores se formaran directamente en los institutos, ¿qué haríamos con las Facultades de Pedagogía?

Unos ejemplos de carguitos creados en Cataluña: “Coordinador de Convivencia y Bienestar del Alumnado”, conocido con el curioso nombre de COCOBE (la convivencia es algo que compete a todo el profesorado, no a un coordinador y lo del bienestar del alumnado es una burla cuando son los docentes los que están francamente mal); “Mentores de programas de matemáticas” (¿para qué diablos hacen falta estos mentores si ya están los profesores especialistas de esta materia?). La guinda la pone el programa llamado SENSEI, una palabra japonesa que se utiliza para los instructores de artes marciales y otros “maestros”. Con este programa los profesores noveles van a tener un “sensei”, una especia de maestro espiritual, pedagócrata, por supuesto, no sabemos si con kimono. Todos estos cargos llevan aparejados webinars, seminarios, cursos de formación… que alimentan el bolsillo de más pedagócratas. ¡Hay que ver lo fértiles que son esa gente para reproducirse!

He estado once años en el Consejo Escolar del Estado. Pido disculpas al contribuyente por haberme pagado desplazamientos y estancia en Madrid para asistir a las reuniones, junto con casi un centenar de miembros que perciben también las correspondientes dietas. El Consejo Escolar del Estado (y supongo que los autonómicos) es perfectamente prescindible a no ser que se reforme en profundidad. Jamás hemos tenido un debate serio sobre los problemas educativos del país. Ni tan siquiera un diagnóstico objetivo e independiente de la situación. El dictamen sobre una ley orgánica se resuelve en una mañana, eso sí muy intensa.  Los dictámenes se aprueban no por criterios técnicos, sino por mayoría de votos. Una resolución o propuesta es aceptada si tiene más síes que noes, independientemente que sea útil o inútil y algunas son brindis al sol y hasta inconstitucionales. Además, no sirven para nada pues son meramente consultivas (menos mal).  Y el voto de cada miembro depende del grupo de interés al que representa (sindicato, asociación, colectivo…). Sólo los 12 miembros del grupo de “personalidades de reconocido prestigio” (en el que me colaron supongo que por error) y no cooptados por algún grupo de los que tienen derecho a estar en el Consejo creo que votamos sin ninguna orden superior. En las expeditivas sesiones del Consejo, a donde se iba a votar y a debatir casi nada, comprendí cuánta razón tienen los señores del Public Choice.

Fuente: educational EVIDENCE

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